El paro nacional organizado por la Central General de Trabajadores (CGT) el 19 de febrero de 2026 marcó un hito en la lucha contra la reforma laboral que busca derogar importantes conquistas sociales y económicas. Con una adhesión del 90 por ciento en todo el país, el movimiento refleja una resistencia masiva por parte de los trabajadores frente a una propuesta que, según los analistas, podría revertir logros clave en materia de trabajo y derechos laborales.
La central obrera ha destacado que las medidas incluidas en la reforma laboral, como la eliminación de la estabilidad laboral y la reducción de los beneficios sociales, amenazan directamente con las conquistas ganadas en décadas de lucha. Desde su declaración oficial, la CGT ha afirmado que no está dispuesta a retroceder ni a entregar ninguna de las conquistas de los trabajadores, enfocándose en la preservación de derechos que han sido históricamente clave para el desarrollo económico y social del país.
El contexto de este paro se inscribe en un momento de gran tensión política y social. El gobierno, en su intento de avanzar con la reforma, ha enfrentado resistencia creciente de los sectores productivos y de las organizaciones laborales. La propuesta laboral, que busca simplificar el sistema laboral y reducir los gastos públicos, ha sido criticada por su falta de enfoque en la protección de los derechos de los trabajadores.
El costo económico del paro ha sido notable. Según fuentes económicas, el movimiento generó pérdidas de aproximadamente USD 489 millones en el sector privado, lo que equivale al 17,3% de la producción diaria. Este impacto ha sido particularmente pronunciado en sectores como la agricultura, la logística y el transporte, donde las interrupciones en la cadena de suministro han generado una caída significativa en la productividad.
En el ámbito político, el Gobierno ha comenzado a considerar medidas legales para enfrentar a las organizaciones que, según su criterio, no cumplen con los requisitos de conciliación obligatoria. Entre estas, se destacan las organizaciones como la Unión de Trabajadores Argentinos (UTA) y La Fraternidad, que han sido objeto de atención por su participación en el paro, pese a haber acordado la conciliación obligatoria en el pasado.
Desde el punto de vista internacional, el paro ha generado un interés significativo en el ámbito de la justicia laboral y la protección de derechos laborales. Muchos países en América Latina y Europa han observado con atención cómo el país maneja este conflicto, especialmente en un contexto donde los derechos laborales son fundamentales para el desarrollo sostenible de las economías.
La CGT ha insistido en que el éxito de este movimiento no solo depende de la presión económica, sino también de la educación y la participación ciudadana. Para ello, ha lanzado iniciativas para informar a los trabajadores sobre los riesgos de la reforma laboral y los beneficios que se obtienen al mantener los derechos laborales actuales.
Los expertos en políticas laborales señalan que el paro no solo es un acto de resistencia