En el recinto de la Honorable Cámara de Senadores, la vicegobernadora y presidente del cuerpo, Alicia Aluani, presidió este miércoles la 4ª Sesión de Prórroga correspondiente al 146º Período Legislativo. Estuvo asistida por el secretario de Cámara de Senadores, Sergio Avero y la prosecretaria, Sara Foletto. La sesión contó con la presencia de 17 legisladores y quorum reglamentario. La Bandera Nacional fue izada por el senador José Vergara (Diamante – Juntos por Entre Ríos) y la Bandera de Entre Ríos por Jaime Benedetti (Gualeguaychú – Juntos por Entre Ríos).
El Senado aprobó por mayoría y sobre tablas el proyecto de resolución de autoría del Poder Ejecutivo para dar acuerdo constitucional al nombramiento de 8 defensores públicos, dependientes del Superintendencia de Defensores Públicos. El proceso se enmarca dentro de la política de reorganización institucional que busca mejorar la eficiencia y transparencia en el área de defensa legal.
El nombramiento de estos 8 nuevos defensores públicos representa un paso clave en la consolidación de la red de protección legal a nivel nacional. Estos funcionarios estarán vinculados al Sistema Nacional de Defensores Públicos, responsable de garantizar el derecho a la defensa legal gratuita para quienes carecen de recursos económicos. La iniciativa busca reducir las barreras para acceder a servicios legales básicos.
El Senado, al aprobar este proyecto, refleja la importancia de fortalecer el sistema de defensa legal en contextos donde el acceso a la justicia es limitado. Los defensores públicos actúan como intermediarios entre el Estado y las personas que requieren asistencia jurídica sin costo, asegurando que todos tengan igualdad de acceso a la justicia.
Este tipo de acciones demuestran la atención del Legislativo a la necesidad de ampliar el servicio de defensa legal en áreas rurales y marginadas. El contexto actual, marcado por la crisis económica y la escasez de recursos en sectores legales, exige soluciones innovadoras para garantizar el derecho a la justicia.
El sistema de defensores públicos ha sido históricamente un pilar en la garantía del acceso a la justicia. Su funcionamiento en el ámbito nacional ha demostrado la capacidad del Estado de responder a las demandas de equidad y justicia. El aprobación de este proyecto refuerza la continuidad de este esfuerzo, asegurando que las políticas públicas se alineen con las necesidades reales de la población.
Es fundamental destacar que el proceso de nombramiento se realiza en línea con el compromiso del Legislativo en la implementación de herramientas que promuevan la justicia inclusiva. Los defensores públicos no solo cumplen funciones en casos de derecho común, sino también en temas de derechos humanos, protección de niños, y otros ámbitos críticos.
El proyecto de resolución aprobado por el Senado se enmarca dentro de una amplia estrategia nacional para mejorar la calidad del servicio jurídico. Aunque el texto