¡Revés Judicial! El "Señor del Tabaco" Debe Millones: ¿Qué Pasó?
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La Corte Suprema de Justicia ha emitido un fallo trascendental que pone fin a una prolongada disputa legal entre Tabacalera Sarandí, cuyo presidente es Pablo Otero, conocido como el "Señor del Tabaco", y el Estado Nacional. La decisión del máximo tribunal revoca un fallo anterior de la Cámara en lo Contencioso Administrativo Federal, que había declarado inconstitucional el impuesto interno mínimo establecido por la ley 27.430 para los productos de tabaco.
Esta resolución obliga a todas las empresas tabacaleras, incluida Tabacalera Sarandí, a abonar el impuesto mínimo. Según estimaciones de ARCA, la deuda acumulada por Tabacalera Sarandí superaría los 1.000 millones de dólares, aunque otras fuentes oficiales hablan de USD 1400 millones. Esta cifra representa un golpe significativo para la empresa, que durante años se amparó en medidas cautelares para evitar el pago del impuesto.
¿Por qué esta disputa?
La controversia se originó cuando Tabacalera Sarandí cuestionó la constitucionalidad de los artículos de la ley que fijan un monto mínimo para el impuesto al tabaco. La empresa argumentaba que esta medida afectaba desproporcionadamente a sus productos más económicos, encareciéndolos en comparación con las marcas premium y poniendo en riesgo su competitividad.
Tabacalera Sarandí, que comercializa marcas populares como Red Point, West, Master y Kiel, había litigado durante años contra una reforma impositiva implementada durante la gestión de Mauricio Macri, que elevó significativamente los impuestos internos al tabaco. La empresa alegaba que este aumento perjudicaba sus ventas y la dejaba en desventaja frente a las multinacionales del sector.
El Fallo Inicial y la Apelación
En 2022, la Cámara falló a favor de Tabacalera Sarandí, declarando inconstitucional la norma y argumentando que generaba un trato desigual y favorecía a la competencia. Sin embargo, la AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y la tabacalera Massalin Particulares apelaron la decisión ante la Corte Suprema, que finalmente revirtió el fallo inicial.
El fallo de la Corte se enmarca en un contexto de políticas fiscales que buscan desincentivar el consumo de cigarrillos y proteger la salud pública, gravando con impuestos la venta de tabaco.