Un controvertido incidente en el Caribe ha generado un intenso debate sobre el uso de la fuerza militar en la lucha contra el narcotráfico. Un ataque aéreo doble contra una embarcación sospechosa de transportar drogas ha puesto en el centro de la polémica al Secretario de Defensa, Pete Hegseth, y al Almirante Frank “Mitch” Bradley, jefe del Comando de Operaciones Especiales de EE.UU.
Los Últimos Momentos de los Náufragos
Según informes, los sobrevivientes del primer ataque, presuntos narcotraficantes, quedaron a la deriva en un pequeño fragmento de la embarcación. Desarmados e incomunicados, intentaron sin éxito enderezar los restos del barco. Testigos afirman que incluso hicieron señales a la aeronave estadounidense, interpretadas por algunos como un intento de rendición. Sin embargo, un segundo ataque acabó con sus vidas, dejando solo una mancha de sangre en el mar.
Justificación del Ataque
El Almirante Bradley defendió su decisión de autorizar el segundo ataque, argumentando que los hombres aún representaban una amenaza. Según Bradley, podrían haber solicitado ayuda por radio o haber sido rescatados con la carga restante de cocaína. Esta justificación ha sido recibida con escepticismo por algunos legisladores, quienes cuestionan si la amenaza era real o solo una suposición.
Reacciones Divididas en el Congreso
La presentación del video del incidente al Congreso generó reacciones encontradas. Republicanos y demócratas difieren en si las acciones de Bradley estuvieron justificadas. Sin embargo, muchos expresaron su frustración por tener que lidiar con otra controversia generada por el Secretario de Defensa, Pete Hegseth.
¿Orden de No Dar Cuartel?
Hegseth ha negado haber emitido una orden verbal de “no dar cuartel”, es decir, una orden de matar y no capturar, en el ataque del 2 de septiembre. Sin embargo, la controversia persiste y el Congreso, liderado por los republicanos, está mostrando signos de ejercer sus poderes de supervisión ante la creciente preocupación por las acciones del Secretario de Defensa.
Este incidente plantea serias preguntas sobre la proporcionalidad del uso de la fuerza militar en la lucha contra el narcotráfico y la necesidad de una mayor transparencia y rendición de cuentas por parte de las autoridades.