En un contexto marcado por las inundaciones que azotan la provincia de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina (SRA) ha expresado su profunda preocupación con respecto a la Ley Fiscal impulsada por el gobierno de Axel Kicillof y enviada a la Legislatura. La entidad rural advierte sobre la transferencia de facultades clave al Poder Ejecutivo en la definición del Impuesto Inmobiliario Rural, generando un clima de incertidumbre que impacta directamente en la previsibilidad del sector productivo.
Críticas de la Sociedad Rural Argentina
La SRA, liderada por Nicolás Pino, emitió un comunicado donde manifiesta su inquietud ante el proyecto de Ley Fiscal, argumentando que debería ser la Legislatura provincial quien defina con precisión las condiciones vinculadas al Impuesto Inmobiliario Rural. Según la entidad, el Artículo 133 de la ley habilita al Ejecutivo a intervenir en las valuaciones sin criterios consensuados ni una hoja de ruta clara, que incluya espacios de consulta con instituciones locales y la comunidad productiva.
Artículos cuestionados y su impacto
Otro punto de controversia es el Artículo 167, que permite modificar las cuotas no vencidas durante el ejercicio fiscal, afectando la capacidad de planificación de los productores. Además, el esquema de bonificaciones carece de porcentajes establecidos por ley, lo que genera aún más inseguridad normativa.
- Artículo 133: Intervención del Ejecutivo en las valuaciones sin criterios claros.
- Artículo 167: Modificación de cuotas no vencidas durante el ejercicio fiscal.
- Esquema de Bonificaciones: Falta de porcentajes establecidos por ley.
La SRA insta a la Legislatura provincial a asumir su responsabilidad constitucional, definiendo en la ley los criterios, límites y alcances del tributo, evitando delegar facultades esenciales al Poder Ejecutivo. La entidad considera que la ausencia de parámetros claros por parte del gobierno provincial crea un escenario de inseguridad normativa que perjudica al sector agropecuario.
En resumen, la Sociedad Rural Argentina reclama mayor certidumbre y transparencia en la definición del Impuesto Inmobiliario Rural, solicitando que la Legislatura provincial tome un rol protagónico en la regulación de este tributo clave para el sector agropecuario bonaerense.
