Discapacidad: Aumentos insuficientes desatan furia y reclamos 2025
El anuncio de incrementos en el nomenclador de discapacidad para 2025, que oscilan entre el 29% y el 35%, ha generado una ola de indignación y protestas por parte de organizaciones y prestadores del sector. Consideran que estos aumentos son insuficientes y no cumplen con la ley de Emergencia votada por el Congreso, que establecía un piso del 70%.
Aumentos por debajo de lo esperado
Según las denuncias, el aumento real es incluso menor a lo anunciado, dejando a muchas instituciones y profesionales en una situación económica precaria. Verónica Abasolo, transportista de personas con discapacidad, señaló que el impacto de estos incrementos se verá reflejado recién en abril del próximo año, debido a la división del nomenclador. Además, mencionó que el Programa Federal Incluir Salud adeuda hasta seis meses a algunos prestadores, agravando aún más la situación.
Reclamos y movilizaciones
Las organizaciones del sector se han movilizado frente a Casa Rosada para expresar su descontento y exigir al gobierno que cumpla con la ley. Consideran que el Estado se está retirando y no ofrece soluciones concretas a las necesidades de las personas con discapacidad y sus familias. La falta de actualización adecuada de los aranceles pone en riesgo la continuidad de muchos servicios esenciales, como la internación, el transporte, el apoyo educativo y laboral, la atención médica y la rehabilitación.
Acusaciones de corrupción en ANDIS
En medio de esta crisis, resurgen acusaciones de corrupción que salpican a la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). Se han revelado audios que involucran a Diego Spagnuolo, exdirector de la ANDIS, en un presunto esquema de sobornos relacionado con la compra de medicamentos para personas con discapacidad. Si bien no hay imputaciones formales, se menciona la posible implicación de Karina Milei, hermana del presidente, en la recepción de comisiones a través de una droguería.
Un futuro incierto
La incertidumbre sobre el futuro del financiamiento de los servicios para personas con discapacidad genera gran preocupación en el sector. Los bajos aumentos, los retrasos en los pagos y las denuncias de corrupción crean un panorama desalentador que exige respuestas urgentes por parte de las autoridades.