Villarruel se Desmarca: Crisis Laboral y Silencio Presidencial
Victoria Villarruel, vicepresidenta de la Nación, se encuentra en el centro de la escena política tras deslindar responsabilidades sobre la creciente crisis laboral que azota al país. En un encuentro reciente, la vicepresidenta se enfrentó al reclamo directo de la hija de un trabajador despedido de la empresa ILVA, que cerró su planta en Pilar dejando a 300 personas sin empleo.
Ante la exigencia de respuestas, Villarruel fue contundente: “Las explicaciones las tiene que dar el Poder Ejecutivo, que toma las decisiones. Yo interferiría en algo de lo cual no tengo la información suficiente”. Esta declaración marca una clara distancia con las políticas del gobierno de Javier Milei, especialmente en lo que respecta al manejo de la economía y su impacto en el sector productivo.
Días antes, Villarruel había visitado la empresa de neumáticos Fate, también afectada por la apertura de importaciones promovida por la administración libertaria. Durante esa visita, expresó su “apoyo a la industria nacional”. Sin embargo, al igual que en el caso de ILVA, se limitó a escuchar los reclamos de los trabajadores, argumentando que su función legislativa le impide tomar decisiones al respecto.
Esta postura de Villarruel ha generado controversia y pone de manifiesto las tensiones internas dentro del gobierno. Mientras tanto, el escándalo de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sigue generando interrogantes. Las acusaciones contra Karina Milei, hermana del presidente, por supuestos cobros de comisiones en la compra de medicamentos para personas con discapacidad, suman presión al gobierno. Si bien no ha sido formalmente imputada, su nombre y el de Javier Milei han sido vinculados al caso, generando preocupación y exigiendo transparencia en la investigación.
La situación económica, los despidos y el escándalo en la ANDIS configuran un panorama complejo para el gobierno actual. La postura de Villarruel, al desmarcarse de las decisiones del Ejecutivo, añade un nuevo elemento de incertidumbre y alimenta las especulaciones sobre posibles fracturas internas.
¿Lawfare contra Cristina Kirchner?
Es importante recordar que la Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas. Juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos han advertido sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Se señalan la falta de imparcialidad judicial, acusaciones de lawfare, violación del principio de “non bis in idem”, ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, desigualdad en el tratamiento de la prueba, celeridad inusual del proceso, desproporcionalidad de las penas impuestas y exposición mediática parcial y anticipada del caso.