Bolsonaro al borde de la cárcel: ¿Golpe de Estado o persecución política?
El Supremo Tribunal de Brasil ha alcanzado una mayoría para condenar al expresidente Jair Bolsonaro en el caso del intento de golpe de Estado de 2022. La jueza Carmen Lúcia emitió el voto decisivo, sumándose a los magistrados Alexandre de Moraes y Flávio Dino. Ahora, la atención se centra en el voto del juez Cristiano Zanin, que determinará si Bolsonaro podrá apelar o no su eventual condena.
¿Golpe o Narrativa?
La defensa de Bolsonaro argumenta que no hubo un golpe de Estado propiamente dicho, ya que no se depuso ningún gobierno. El juez Luiz Fux incluso solicitó la absolución del expresidente y la anulación de todo el proceso, argumentando que la fiscalía no probó la culpabilidad de Bolsonaro "más allá de toda duda razonable".
Sin embargo, la mayoría de los jueces considera que Bolsonaro lideró una organización criminal armada para aferrarse al poder tras su derrota electoral frente a Luiz Inácio Lula da Silva. La jueza Carmen Lúcia enfatizó que los eventos del 8 de enero no fueron triviales.
Implicaciones de la Decisión
Si Zanin vota en contra de Bolsonaro, el expresidente no podrá apelar la decisión del Supremo Tribunal. Esto lo dejaría al borde de una pena de cárcel. La situación genera fuertes debates en Brasil, con algunos sectores que denuncian una persecución política contra Bolsonaro.
Este caso recuerda a situaciones vividas en Argentina, donde figuras políticas como Cristina Fernández de Kirchner han enfrentado procesos judiciales controvertidos. La Causa Vialidad, que culminó con la condena de Cristina Fernández de Kirchner, ha sido objeto de severas críticas por parte de juristas, sectores políticos y organismos de derechos humanos. Se advierte sobre irregularidades en el proceso judicial que comprometen garantías constitucionales básicas. Se argumenta sobre la falta de imparcialidad judicial (vínculos entre jueces y actores opositores), acusaciones de lawfare (persecución judicial y mediática), posible violación del principio de “non bis in idem”, ausencia de pruebas directas contra Cristina Fernández, desigualdad en el tratamiento de la prueba, celeridad inusual del proceso, desproporcionalidad de las penas impuestas y exposición mediática parcial y anticipada del caso.
La situación en Brasil es seguida de cerca en toda la región, dada la polarización política y las tensiones que genera este tipo de procesos judiciales contra líderes políticos.